El Comité de Empresa de Fundación Hospital de Calahorra (FHC) ha remitido una muy crítica nota de prensa en la que califica de «ñapa» y de «chapuza» el área de Urgencias de Fundación Hospital de Calahorra cuyas obras de ampliación y reforma finalizaron recientemente y fueron presentadas el pasado 21 de julio en lo que los representantes de los trabajadores de este centro médico definen de «inauguración esperpéntica a la manera de ‘Bienvenido Mr. Marshall'».
Más allá de las declaraciones llamativas, el comité asegura que «la realidad cotidiana sigue siendo la falta de medios y del equipamiento necesario para la prestación del servicio».
Según el comité, la remodelación, a la que tacha también de «torpe y cortoplacista», no sólo no mejora el servicio sino que impide la modernización del hospital: «Presenta manifiestas carencias del proyecto, acumulando un retraso de siete meses y contrariamente a lo que pregonaron las autoridades, hecho al margen de las necesidades y sugerencias de los profesionales del centro».
«Alba ha perpetrado una auténtica ‘ñapa’ propia de ‘Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio’. No en vano los propios responsables reconocen en privado que se trata de ‘una mierda’ cita textual suavizada al ser transcrita aquí, por respeto a los destinatarios de esta Nota de Prensa)», dice el Comité de Empresa de FHC.
Para el comité, la demostración de lo que dice está en que durante la inauguración –»que se hizo por sorpresa para evitar un recibimiento con pitos»– se impidió el acceso a los medios de comunicación, «obstaculizando la toma de imágenes, siendo el propio Gobierno de La Rioja quien monopolizó la distribución de algunas fotografías debidamente ‘cocinadas'».
Los representantes sindicales creen que de no haber sido así la prensa quizá podría haber percibido una realidad que pintan muy diferente y que describen casi caótica: «Espacios sólo tabicados pero sin cerramientos, espacios asistenciales diseñados absurdamente en semicírculo y boxes enfrentados de forma que es imposible mantener la debida intimidad de los pacientes, espacios asistenciales elongados como churros que obligan a desplazamientos peligrosos e ineficaces, estancias para ingreso que son totalmente visibles desde los pasillos de acceso público que comunican con la calle, una ‘magnífica’ previsión frente a la pandemia por COVID19 pues sólo se cuenta con un único box de infecciosos. Súmense a ello boxes sin equipamiento, puertas de acceso por las que difícilmente pasa una camilla (desde luego no sin cuidado y tras abrir ambas hojas, falta de equipamiento porque se les ‘olvidó’ incluirlo en el presupuesto, no existen mamparas separadoras, los espacios carecen de sillas, han amontonado mobiliario de pacotilla que ha habido que ‘recuperar’ de entre el que había sido desechado, no se guarda la distancia de seguridad debida ante la COVID19, tampoco con los pacientes ni de estos entre sí, los cables se amontonan por el suelo porque no es posible enchufar los equipos informáticos a la red eléctrica ante la falta de puntos de acceso, no se ha hecho la evaluación de riesgos de los puestos, no existe la debida organización separando circuitos COVID-NO COVID, etc., etc».
Por otra parte, la misma nota de prensa asegura que «FHC afronta agosto y septiembre con una cartelera de trabajo en la que, a fecha de hoy, durante varios días sólo contará con un médico de Urgencias y otros días no se dispondrá de ningún cardiólogo ni radiólogo de plantilla». Esto sería, según el comité de empresa, producto de la crónica dificultad de reclutar profesionales. Si bien algunas autoridades sanitarias aseguraron en su día que este fenómeno no es exclusivo de FHC, el comité insiste en que la dificultad es mayor «para un hospital que permanece aislado del sistema», refiriéndose así al sistema laboral que rige otros centros sanitarios públicos.
También en lo referente a la gestión de personal, la nota de prensa revela que «hoy han sido abonados a la plantilla de FHC los salarios adeudados desde el pasado mes de febrero», por lo que el Comité de Empresa de FHC no interpondrá querella criminal contra la Consejera de Salud que estaba preparando por el impago del incremento retributivo del 2% y para cuyo pago tenía de plazo hasta el 31 de julio.
