Los integrantes de la Junta de Gobierno de la Federación Riojana de Municipios del Partido Popular y Ciudadanos han calificado de “discriminatoria incautación de fondos municipales” el acuerdo propuesto por el Ministerio de Hacienda en relación a los ahorros municipales.
Así lo han hecho constar en una nota de prensa conjunta que han remitido hoy y en la que recuerdan que la cesión de ahorros municipales al Ministerio de Hacienda fue aprobada por la Federación Española de Municipios y Provincias con el único apoyo de los consistorios socialistas y el voto de calidad de su presidente, “rompiendo de esta forma el consenso en un tema tan trascendental para los municipios españoles”.
”El acuerdo -siguen diciendo PP y Cs– margina a los Ayuntamientos que no cuentan con remanentes que puedan ceder al Estado, creando en España Ayuntamientos de primera y de segunda”.
Para entender esta crítica hay que recordar que el Gobierno central ha prometido repartir en dos años 5.000 millones de euros, de forma proporcional, entre los ayuntamientos que cedan su dinero hasta el 31 de diciembre de este año y que se calcula que, en conjunto, transferirán al Ministerio de Hacienda unos 14.000 millones de euros.
Así, PP y Cs señalan que el acuerdo “deja en la estacada a los ciudadanos de todos aquellos Ayuntamientos que no tienen remanentes que ceder a la administración nacional, margina al mundo rural y no plantea posibilidad alguna de invertir los remanentes municipales en medidas de fomento y recuperación del empleo. Esos ayuntamientos –añaden– no recibirán ni un sólo euro de los 5.000 millones de euros que aportará el Gobierno”.
Concretamente cifran en 3.000 las entidades Locales las que han cerrado 2019 con deuda o no han tenido remanente de tesorería positivo y que por tanto quedarán fuera del acuerdo.
Creen que en este asunto “se ha puesto una cuestión contable por encima de las necesidades de los ciudadanos que se están enfrentando a una crisis económica sin precedentes”.
Por otra parte, los partidos que se oponen a la cesión de dinero municipal al Estado recuerdan que “las Entidades Locales solicitaron al Gobierno de España poder utilizar el 100% de su remanente de tesorería para gastos generales, flexibilizar la regla de gasto, un fondo de 5.000 millones € incondicionado para todas las entidades locales, con atención especial a aquéllas en situación de riesgo financiero”.
En su nota de prensa enumeran las consecuencias que consideran tendrá este acuerdo:
“1) implica que las EE.LL. no podrán gastar este año su remanente puesto que estará en manos del gobierno que empezará a devolverlo a partir del año 2022.
2) excluye a 3.508 EE.LL. que según datos del Ministerio de Hacienda a 31/12/2019 tienen deuda y a todas aquellas que tengan un remanente de tesorería negativo. Esto es así porque según la propuesta presentada, el Gobierno repartirá los 5.000 millones € única y exclusivamente entre las EE.LL. que se adhieran al acuerdo y solo podrán adherirse aquellas que tengan RTGG positivo y aquellas EE.LL. con deuda primero deberán amortizar la misma y, tras la amortización, pueden quedarse sin RTGG, es decir, excluidas del fondo.
3) excluye al mundo rural
4) vulnera la autonomía local consagrada en el artículo 137 Constitución puesto que el acuerdo obliga a las EE.LL. a gastar el dinero recibido (tanto el dinero del fondo de 5.000 millones € como las amortizaciones del préstamo) en una lista de actuaciones definidas por el gobierno, comprometiendo de esta manera dicha autonomía local.
Entre las actuaciones permitidas por el gobierno no se encuentra ninguna relativa al fomento del empleo o al apoyo a autónomos empresas y comercios”.
