La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y Ecologistas en Acción, en la semana de lucha contra la pobreza energética solicita del Parlamento Riojano la toma de medidas que garanticen los derechos básicos de la ciudadanía en nuestra Comunidad.
«La actual crisis sanitaria originada a raíz de la pandemia de COVID-19 ha traído como consecuencia un incremento exponencial del número de familias en condiciones de vulnerabilidad en todo el Estado español” dicen estos colectivos. «A su vez, añaden, como sociedad, hemos sido más conscientes que nunca de la necesidad de tener garantizado el derecho humano a un nivel de vida digno, que implica reconocer, entre otros, los derechos humanos a la salud, a la vivienda y al agua potable y al saneamiento, así́ como de la disponibilidad de suministros básicos de luz y gas».
Por eso solicitan las siguientes medidas:
- La aprobación de una ley en esta comunidad, como la de la comunidad catalana que establece el principio de precaución ante la pobreza energética, este principio de precaución, debe ser una herramienta que obligue a las compañías suministradoras a consultar con los Servicios Sociales competentes la situación de cualquier familia afectada por un aviso de corte y a garantizar sus suministros en el caso de que cumpla con unos baremos específicos de vulnerabilidad. A su vez, las facturas impagadas que deriven de la aplicación de este mecanismo se sufragaran, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, por un sistema de financiación participado al 100 % por las propias compañías de todos los segmentos implicados.
- La promulgación de un periodo de carencia que evite cualquier interrupción de suministro en el ámbito domestico, que tendrá́ como fecha limite la puesta en funcionamiento del principio de precaución. Se trata de una medida excepcional y urgente si se quiere garantizar el acceso a energía y agua en invierno y en plena pandemia.
- La redefinición de la figura del consumidor vulnerable, que abarque los suministros de agua y gas natural junto al de la electricidad.
«No se trata de una mera cuestión de justicia social y de respetar, proteger y dar cumplimiento a los Derechos Humanos, dicen los colectivos solicitantes. También se trata del deber ineludible del mismo Estado de velar por el bienestar de los colectivos más vulnerabilidades de nuestra sociedad, que son precisamente los que están sufriendo de forma más aguda de la actual crisis sanitaria, económica, climática, ecológica y social. Es menester recordar pues que no garantizar el derecho a acceder adecuadamente a los suministros básicos conlleva grandes riesgos para la salud pública del conjunto de la ciudadanía. Porque no hay una vida digna si no se garantizan los derechos básicos.».
