El Equipo de Gobierno Municipal ha modificado dos puntos del Plan General Municipal para permitir la realización de usos y obras provisionales en espacios que están fuera ordenación urbanística; es decir para que se puedan establecer negocios o actividades en zonas de la ciudad cuyo suelo no haya sido determinado para un uso concreto. Esta medida fue calificada como “prevaricación” por parte del Grupo Municipal Socialista que sugiere que está hecha a la medida de algún interés privado y que amenazó con llevar a la fiscalía al PP por aprobarla.
Este asunto se debatió en el Pleno ordinario de septiembre, celebrado anoche, y fue aprobado con los votos favorables del Partido Popular e Izquierda Unida y la abstención de Vox, pero llegó a la sesión bajo el signo de las acusaciones del PSOE que emitió una nota de prensa el lunes en la que decía que el PP, con la modificación de la normativa urbanística, “pretende legalizar actividades realizadas ilegalmente, sin licencia y que por estar prohibidas expresamente por el planeamiento actual no son legalizables”.
Este argumento, que agitó la vida política el lunes y martes, no tuvo mucho recorrido durante el Pleno, si bien fue el punto más largamente debatido del orden del día en el que no faltaron acusaciones mutuas entre PP y PSOE de corrupción así como de indulto y amnistía para delincuentes.
Óscar Moreno, concejal de Izquierda Unida, prefirió no manifestarse en un primer momento sobre esta modificación del Plan General Municipal. Para tener más elementos de juicio, prefirió esperar hasta oír en qué se concretaban las acusaciones del Partido Socialista y qué defensa hacían los populares.
Por su parte, Maite Arnedo, de Vox dijo que la acusación de prevaricación hacia el PP “es precisamente el fango del que el PSOE tanto habla” y criticó al grupo socialista por “tirar la piedra y esconder la mano” al decir que la normativa municipal se modifica a la medida de alguien, pero sin decir de quien.
Por su parte, la socialista Rebeca Sáenz insistió en que la medida llevada al Pleno por el PP “tiene la pretensión de modificar el plan urbanístico para apañarle a alguien una irregularidad que es objeto de un expediente sancionador”.
Esto, según el PSOE, “no es solamente moralmente reprochable sino que además es ilegal al incurrirse en un delito de prevaricación” (dictar una resolución a sabiendas de que no se atiene a la ley). “En realidad –añadió Sáenz– no pretende flexibilizar y promover actividades económicas existentes –como afirmara el PP– sino legalizar actividades establecidas de manera ilegal, permitir construcciones sin licencia y prohibidas por el Plan General Municipal e ilegalizables. No pueden vender favores a particulares y hacer un urbanismo a la carta. Es un peligro porque plantean una retroactividad y van a permitir que actividades que no tengan licencia se mantengan y todo sin carácter reglado”.
El Partido Popular, por boca de Antonio Mazo, negó categóricamente que quiera beneficiar a alguien concreto: “Lo que menos quiero es complicarme la vida haciendo algo que pueda ser puesto en duda. Dejen de amenazarnos, dejen de coaccionarnos”.
El edil de Urbanismo alegó que lo que se pretende es “permitir actividades de manera provisional en sectores que están paralizados” y aclaró que esta medida “ni da derechos ni se hace para un sector determinado ni para ningún tipo de uso concreto. No cambia lo fundamental –añadió– Esto no es una reserva de dispensación (…) no es una modificación para alguien sino una modificación para todos; para que, por ejemplo, una persona pueda poner un taller en un espacio que ha quedado fuera de ordenación, como podrían ser las naves que están detrás del antiguo supermercado de Lidl”.
Insistió el concejal popular en que “simplemente se permite una provisionalidad de uso que deberá paralizarse cuando la zona quede afectada por un desarrollo urbanístico o por una ordenación. Además, esta medida necesitará la aprobación de la Comisión del Territorio y Urbanismo de la Rioja (COTUR) y las actividades deberán contar con los pertinentes expedientes favorables de los técnicos”.
El edil popular aseguró que “esto se ha hecho miles de veces en muchos ayuntamientos de España (…) y en nuestro caso cuenta además con la aprobación de los técnicos municipales. Si es posible facilitar actividades provisionales ¿por qué no hacerlo?” terminó preguntando Antonio Mazo.
Llegado el momento de votar, la modificación quedó aprobada. El PSOE (7 concejales en ausencia de Elisa Garrido) votó en contra, el PP e IU lo hicieron a favor (10+1 votos) y Vox (dos votos) se abstuvo. IU dijo no encontrar motivos para oponerse “en un asunto que viene favorablemente informado por los técnicos municipales” y en el que se hacen unas acusaciones que según Óscar Moreno el PSOE no concretó.
