La puesta en marcha del servicio público de conciliación familiar –del que informamos ayer AQUÍ– fue aprobado en la sesión plenaria celebrada anoche con los votos favorables de PSOE, Ciudadanos (Cs) e Izquierda Unida.
En la misma sesión, PSOE e IU aprobaron el reglamento para su funcionamiento con una partida de casi 79.000 euros. La regulación del servicio contó con la abstención de la Oposición, que estima que el método para priorizar a las personas que se beneficiarán de este servicio no es justo.
Vox comentó que la implementación del servicio de conciliación familiar forma parte del denominado ‘Plan Corresponsables’ de la ministra Irene Montero. Maite Arnedo considera que éste “promulga la desigualdad pura y dura” y estima que un servicio para “la conciliación laboral y familiar podría ser positivo” si se ajustara a la ley general y no a la Ley de Igualdad, según vino a decir: Añadió que su aplicación en Calahorra no viene precedida de un estudio serio de las necesidades.
Por el contrario, Óscar Moreno, de IU, cree que es “un servicio absolutamente necesario para la ciudad”.
El PP por su parte, consideran que “es algo bueno para la ciudadanía y las familias”, pero opina que el análisis de mercado incluida en la memoria del proyecto “se queda bastante corto (…) es poco ambicioso (…) y le faltan datos”. Tampoco cree que sea adecuado “que se limite a familias monoparentales, vulnerables, mujeres mayores de 52 años o unidades familiares con otras cargas”. La popular Isabel Sáenz cree además que si el plazo de ejecución del proyecto dura hasta junio de 2022, “ya vamos tarde. Hay un trimestre que no se ha ejecutado y para cuando se ponga en marcha quedará poco para su vencimiento”.
Por su parte, con respecto al reglamento de funcionamiento, Cs se preguntó “qué es la gestión directa en régimen de libre concurrencia”. Lo mismo pregunta el PP que no entiende cómo el se puede hablar de una gestión directa por parte del Ayuntamiento y a la vez establecer una libre concurrencia para su gestión.
Sea como fuere, este nuevo servicio, gratuito, consistirá en el cuidado y apoyo a los menores de 3 a 13 años de edad durante el horario no escolar en que sus padres trabajen. Son las denominadas “aulas de madrugadores” y “aulas vespertinas” que también funcionarán los sábados y los períodos no lectivos y no festivos. El servicio se dotará con 78.931 euros procedentes del Gobierno de España.
Aunque se declara abierto a todos, se dará a determinados colectivos “con mayores necesidades específicas respecto a la crianza”.
