Hoy se habla de fútbol. La reunión que va a tener lugar esta mañana entre la Real Federación Española de Fútbol y los Presidentes de las Federaciones Autonómicas para decidir el futuro más inmediato del fútbol denominado «no profesional» tiene en vilo, no solo a los aficionados sino también a numerosas familias cuyos jugadores cobran un sueldo, aunque modesto, por su trabajo como deportistas. Es el caso del equipo de Segunda B del CD Calahorra. La familia rojilla se encuentra expectante ante el resultado de esta reunión. Tiene ya señalados 16 fichajes pero las altas a efectos fiscales están pendientes de esta decisión.
La decisión afecta a todos los equipos desde la Segunda B hacia abajo. Sobre la mesa: postponer hasta enero de 2021 el inicio de la liga o quizás llevarla a marzo.
Este es el comunicado que emitió la RFEF para la convocatoria de hoy:
«La Real Federación Española de Fútbol, de común acuerdo con las federaciones deportivas españolas de deportes de equipo convocados por el Comité Olímpico Español y al amparo de las últimas decisiones de las Federaciones Internacionales como la UEFA y la FIFA, entiende que, ante la evolución de la situación pandémica de las últimas semanas y especialmente de los últimos días en el conjunto del país, resulta imprescindible una reflexión conjunta sobre la procedencia de iniciar la nueva temporada deportiva con unas garantías sanitarias y jurídicas suficientes para todos los deportistas, clubes y federaciones, dado que en estos momentos las condiciones han cambiado en relación con lo previsto en las semanas anteriores.
A estos efectos, se ha convocado una reunión de los Presidentes de las Federaciones Autonómicas para el próximo lunes donde se informará de la situación y se adoptarán las decisiones pertinentes en cuanto al cómo y al cuándo podrán iniciarse las competiciones oficiales no profesionales.
La RFEF actuará de común acuerdo y en la misma línea que el conjunto de las federaciones españolas de deportes de equipo y bajo el amparo y las directrices que nos remitan las autoridades competentes para poder garantizar la salud de todos los deportistas que participen en las competiciones oficiales de ámbito estatal con un modelo homogéneo y válido jurídicamente para todos por igual»