La alcaldesa de Calahorra, Elisa Garrido, y el alcalde de Arnedo, Javier García, han mostrado públicamente su satisfacción por el nuevo Impuesto de Plusvalías que el Consejo de Ministros ha aprobado y que se aplicará, a partir de su entrada en vigor, a la venta de propiedades inmobiliarias urbanas.
Cabe recordar que el anterior Impuesto Municipal de Plusvalías (Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) grava el incremento del valor de las fincas a su venta. Aunque ha venido siendo pagado durante años, ha sido recientemente anulado por el más alto tribunal español que ha considerado su regla de cálculo inconstitucional al determinar que siempre se producía una revalorización de la finca vendida, revalorización que podría no responder a la realidad.
Esta es la principal razón de que el Tribunal Constitucional haya dictado hasta tres sentencias. La última contra varios apartados de la Ley de Haciendas Locales.
ALCALDES ALARMADOS
La supresión del impuesto alarmó a los alcaldes que veían cómo desaparecía una importante fuente de ingresos para las arcas municipales. Por eso el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la modificación de la ley en menos de una semana desde que conoció la sentencia íntegra del Constitucional.
En una nota de prensa que recoge declaraciones de los dos alcaldes arriba citados, Elisa Garrido asegura que «la rápida actuación otorga seguridad jurídica a ayuntamientos y contribuyentes». Igualmente culpa a los gobiernos del Partido Popular de «originar el problema al crear unilateralmente un impuesto que después el Tribunal Constitucional ha tenido que anular».
No obstante es importante señalar que no ha sido el PSOE el que ha impulsado la anulación del impuesto que ahora considera injusto, sino la acción de los afectados a través de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.
Item más, la acción del PSOE no ha venido a secundar la anulación del impuesto sino a modificarlo para continuar aplicándolo. García y Garrido –que son respectivamente secretario de política institucional del PSOE en La Rioja y vocal de la Federación Española de Municipios y Provincias– dicen que el acelerado acuerdo del Consejo de Ministros viene a «garantizar la legalidad» del impuesto.
Para Javier García, el Gobierno “cumple su compromiso con los ayuntamientos”. Ya que con esta medida se “da certidumbre” a los municipios al “evitar el impacto en sus ingresos que suponía la anulación del impuesto”.
Ambos alcaldes aseguran que lo que se regula ahora es la no aplicación del impuesto “cuando en la operación de compraventa no se ha producido plusvalía (incremento del valor), conforme a la sentencia del TC”.
