La Rioja elimina el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos y cónyuges «como primer paso de una intensa agenda de reformas que aliviarán la carga fiscal a los riojanos esta legislatura». Esta medida, que ha sido aprobada esta mañana por el consejo de Gobierno, viene a «cumplir uno de los compromisos de buen gobierno asumidos ante los ciudadanos por el presidente Gonzalo Capellán».
El acuerdo del Consejo de Gobierno da luz verde a aprobar el anteproyecto de Ley en el Parlamento de La Rioja que estará aprobado como Ley “en unos meses”. La medida se concreta en extender a padres e hijos y cónyuges la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones al 99%, que durante los últimos tres años ha estado acotada a bases liquidables iguales o inferiores a 400.000 euros.
Tras la reunión semanal del Consejo, el portavoz del Gobierno Regional y consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, Alfonso Domínguez, ha presentado en rueda de prensa esta medida que anula un tributo “muy anacrónico y confiscatorio” (sólo se mantiene el 1% a efectos de control administrativo) y que “será la primera de una intensa agenda de reformas que aliviarán la presión fiscal a los contribuyentes riojanos a lo largo de esta legislatura”.
La Rioja recupera plenamente esta exención, que ya estuvo vigente entre 2004 y 2015, y se suma así al grupo de ocho autonomías de régimen común (Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia) en las que resulta más barato legar a los parientes más cercanos (grupos I y II del impuesto), incluso que en las comunidades forales, y en las que no se penaliza a quienes hacen una donación a sus hijos o por bienes que ya tributaron a través del IRPF, IBI, AJD, IVA y las plusvalías municipales» ha subrayado el consejero durante su intervención, que “está esperando la supresión de una vez por todas de este impuesto injusto que castiga a quien ha trabajado, a quien ha estudiado y a quien ha guardado unos ahorros».
Según las estimaciones de la Dirección General de Tributos, el coste fiscal de la bonificación, calculado en 8,3 millones de euros, “se verá compensado con mayores ingresos derivados de la mejora de la economía, en especial, en los correspondientes al Sistema de Financiación Autonómica, y por el estricto control que la Comunidad está realizando en las políticas de gasto público como, por ejemplo, el ahorro en la estructura del Gobierno”, ha destacado.
Es por ello por lo que la práctica supresión de este tributo “no supondrá ninguna merma en la prestación de los servicios públicos: dados los niveles de recaudación que existen ahora mismo en las administraciones hay margen suficiente para bajar impuestos y mantener y mejorar la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales”.
La reforma fiscal, que no tendrá carácter retroactivo, inicia su tramitación como anteproyecto de Ley en el Parlamento de La Rioja y el Ejecutivo regional espera que esté aprobada “en unos meses”, ha avanzado Domínguez. Quien además ha incidido en que “al ser un impuesto estatal lo deseable sería que el Gobierno de España lo eliminase de forma completa, como así ha venido reclamando La Rioja en años anteriores”.
Un impuesto “muy anacrónico y confiscatorio”
El Gobierno de La Rioja sostiene que el ISD es un impuesto “muy anacrónico y confiscatorio” por cuanto grava bienes y derechos adquiridos por herencia, legado o donación que previamente han tributado por otros impuestos. Son los casos, por ejemplo, del patrimonio procedente de rentas de trabajo y de tasas de ahorro medias sobre los que se aplica el IRPF; así como de la vivienda habitual o de una casa en un pueblo de La Rioja con arraigo familiar, que con anterioridad ya han sido gravadas por el AJD y el IVA en el momento de la adquisición, el IBI anual por propiedad y la plusvalía municipal en caso de que pudiera haberse tributado en una sucesión anterior.
Mientras el Gobierno de La Rioja, anuncia con satisfacción que «La Rioja recupera su posición en el grupo de vanguardia de las comunidades autónomas que han decidido suprimir este impuesto o mantenerlo de forma simbólica, con una mínima tributación del 1% a efectos de garantizar el necesario control administrativo», el PSOE ha criticado esta medida porque cree que «va a beneficiar exclusivamente a las rentas y patrimonios más altos».
También augura que la bonificación «producirá una merma en las arcas públicas que es el primer paso para acometer procesos de privatizaciones en los servicios públicos».
Además, cree que se puede poner en riesgo «el ecosistema fiscal justo y progresivo de estos últimos años que, además, ha permitido colocar a La Rioja en una situación prácticamente de pleno empleo y con 1.000 millones de euros de inversión»
