Agricultores, ganaderos, cazadores, pescadores aficionados y profesionales, criadores de animales y gentes del campo en general se manifestarán este domingo, día 20, en Madrid para mostrar su disconformidad con las «políticas marcadamente ideológicas» y la presión que se está aplicando al mundo rural en todos los órdenes incluyendo el social y económico.
Miembros de la Sociedad de Cazadores de Calahorra así como agricultores y ganaderos de esta ciudad participarán en esta marcha del «20M Rural» que recorrerá las calles de Madrid y a la que se prevé que acudan más de 200.000 personas de toda España.
En La Rioja, el último desencuentro entre agricultores y Ejecutivo regional lo hemos tenido esta semana con las medidas para paliar los daños que causan en las explotaciones agrícolas algunas especies cinegéticas. En este sentido, el sindicato agrario ARAG-ASAJA emitió un comunicado el pasado viernes en el que calificaba estas medidas de «parche» y acusaban al consejero de Transición Ecológica, Álex Dorado, de ningunearles y despreciarles dándoles largas, pidiendo constantemente informes y escritos y «mareando la perdiz».
ARAG-ASAJA dice que el Gobierno de La Rioja «ni está tomando conciencia del problema, ni se está ocupando realmente en resolverlo»; según interpreta, «está más ocupado en maquillar su nefasta gestión en este asunto que en ocuparse de minimizar los daños a la agricultura».
Recientemente otras organizaciones profesionales agrarias ponían como ejemplo de política eficaz la practicada en Aragón, mientras que esta semana ARAG-ASAJA señalaba las medidas de choque que va aplicar Cataluña para controlar las poblaciones de jabalí en aquella región con el objetivo de evitar, no solo los daños en agricultura, sino también la transmisión de enfermedades al ganado.
Son muchas ya las «afrentas» que agricultores y ganaderos vienen soportando. Cabe recordar que La Rioja fue la única comunidad autónoma que no declaró en tiempo y forma la caza como actividad esencial durante lo más duro de la pandemia; lo que tuvo, según las organizaciones profesionales agrarias, «nefastas consecuencias en la renta de los agricultores que registraron cuantiosas pérdidas en sus cosechas». No menos ofensivas consideraron las declaraciones de Alberto Garzón –ministro de Consumo de ideología comunista– sobre la calidad de la carne española.
Los robos constantes en instalaciones rurales, el reducido margen económico entre los precios de producción y los que les pagan por sus productos y los precios de los carburantes, piensos, fitosanitarios y abonos han rebosado el vaso de la paciencia de los agricultores y ganaderos pero también el de los pescadores marítimos.
En otro orden de cosas, en una decisión sin precedentes, la Mesa del Parlamento Riojano paralizó el pasado año una iniciativa legislativa popular contra la «Ley de Protección de los Animales» que finalmente se pactó con la Federación Riojana de Caza con una mínima modificación.
La aplicación de una ley similar a nivel nacional, las restricciones en la propiedad y crianza de animales y las limitaciones en el ejercicio de la caza sólo se ven superadas por la consternación que han causado entre los cazadores las imágenes de animales atrapados durante días hasta una muerte atroz en «jaulas para el control de animales» instaladas por algunas administraciones en parques nacionales en los que han prohibido la caza a la manera tradicional como método de regulación de las poblaciones de ciervos y jabalíes.
