En la quinta jornada de paro convocada por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera, grandes empresas de distribución han denunciado sabotajes que, en el caso del Grupo Arnedo, habrían afectado a 92 de sus vehículos en los que se habrían producido daños por valor de 350.000 euros, según calculan los responsables de la empresa ubicada junto a la carretera N-232 cerca de El Villar de Arnedo.
Estos ataques se concretan, según los responsable de la empresa en lonas rotas, ruedas rajadas, mangueras de frenos cortadas y fuelles de las plataformas también dañados. Igualmente los piquetes habrían increpado fuertemente a los camioneros que han decidido partir y estarían bloqueando la salida de los transportes y el acceso a polígonos.
Aunque las autoridades nacionales apuntan a que la plataforma convocante es minoritaria, el paro y las protestas están secundados también por otros transportistas no alineados o que pertenecen a otras organizaciones pero que reconocen que las exigencias de la plataforma son justas. A estos habría que sumar los transportistas que han cesado en su actividad por la acción de los piquetes. Sumando a todos ellos el paro estaría teniendo una repercusión del 50% según unas fuentes y del 85% según la plataforma convocante.
Sea como fuere, la prueba del seguimiento más palpable se encuentra en los supermercados, en los que faltan algunos productos mientras que MercaRioja está notando que entra ya poca fruta y pescado.
La ministra portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, ha calificado a los convocantes de «grupo de ultraderecha», cosa que negaba repetidamente el presidente de la organización, Manuel Hernández.
La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera se autodefine como una organización nacional de pequeños y medianos transportistas que da cabida a los conductores asalariados –pero que está siendo apoyada también por autónomos– que insiste en la legitimidad de sus reivindicaciones entre las que destaca la petición de que se prohiba la contratación de los servicios de transporte de mercancía por carretera por debajo de los costes de explotación –que han crecido enormemente por el incremento del precio de los combustibles– y que se utilice como baremo el Observatorio de Costes que publica Ministerio de Transportes. También piden que se limite la intermediación en el contrato de transporte a un solo contratista y establecer responsabilidad directa al cargador principal en caso de impago de los servicios al transportista.
