El Colegio de Enfermería de La Rioja se ha unido al Consejo General de Enfermería para señalar que la reducción del IVA a las mascarillas, aprobada por el Gobierno, «es una medida de lucha contra la pandemia que se queda muy corta debido a que sólo afecta a las mascarillas quirúrgicas y no a las higiénicas y, especialmente, a las autofiltrantes, conocidas como FFP2». Este Colegio cree que es primordial que tanto la reducción impositiva como la fijación de un precio máximo de venta al público «se extienda a todas las mascarillas, siempre que esté certificada su eficacia». Y todo ello porque hay que tener en cuenta que «la población no tiene por qué estar discriminando unas mascarillas de otras, sino que su uso es una medida capital para evitar la expansión del coronavirus, el colapso de la Sanidad y muchas muertes más de las que ya lamentamos».
Pedro Vidal, presidente del Colegio de Enfermería de La Rioja, opina que «hay que ir más allá y por tanto deberían ser gratuitas para los colectivos más vulnerables, para todas esas familias e individuos sin ingresos o con ingresos muy bajos derivados de la situación socioeconómica desatada por esta emergencia sanitaria». Lo ideal, según Vidal, sería «incluirlas dentro del catálogo de medicamentos y productos financiados por el Sistema Nacional de Salud con el mismo criterio de acceso en función de la renta y las circunstancias socioeconómicas de cada ciudadano. Es lo más justo y sensato», dice.
El Colegio de Enfermería señala que «la prolongación del uso de las mascarillas es uno de los errores más frecuentes que comete la población, muchas veces por la imposibilidad económica que tienen para adquirirlas, y esto genera un problema de salud pública, ya que ni están protegidos ni evitan la transmisión del virus a los demás».
Además, el Colegio de Enfermería subraya que hay personas «que por su actividad profesional debe usar mascarillas FFP2 y no las quirúrgicas, debido a su contacto directo con otras personas en ambientes cerrados, como por ejemplo profesores, educadores infantiles, personal que trabaje de cara al público en ambientes cerrados… Por este motivo, es primordial crear mecanismos que garanticen el acceso a estos productos en función a las necesidades de protección y circunstancias socioeconómicas particulares que pueda tener cada individuo».
Según algunas estimaciones, una familia de cuatro miembros puede gastar al año unos 1.500 euros en mascarillas.
POLÍTICA, ECONOMÍA, CONVENIENCIA Y ESCÁNDALO EN TORNO A LAS MASCARILLAS
El empleo de las mascarillas y su precio de venta al público –no sólo en la parte que interesa al IVA– ha sido uno de los asuntos más polémicos durante toda la pandemia y se inició cuando el 22 de mayo su uso se hizo obligatorio tras reconocer el Gobierno que antes de esa fecha fueron descartadas como obligatorias porque había escasez de ellas.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón dijo entonces que «en una situación de escasez en el mercado de mascarillas quisimos ser muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se pudieran aplicar».
No menos polémicas resultaron las declaraciones de la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero esta vez sobre el precio de las mascarillas. Solicitada la bajada del IVA en este artículo de uso obligatorio, la ministra alegó que «el reglamento europeo impide su reducción».
Esto sucedió el 1 de noviembre pero no fue hasta la reunión del Consejo de Ministros del 17 de noviembre cuando la misma ministra rectificó para anunciar la reducción del IVA de las mascarillas quirúrgicas del 21 al 4 por ciento, hecho propiciado por la presión ejercida por las asociaciones de consumidores que señalaron cómo en prácticamente la totalidad de los países de la UE la norma que impide su rebaja impositiva había sido soslayada.
Por si todo esto fuera poco las informaciones sobre la evolución de los precios totales de las mascarillas en los países vecinos al nuestro completa un panorama de política de conveniencia y escándalo en torno a este artículo imprescindible en la actual situación.
Por ejemplo, en Portugal un precio de venta habitual es de 1,70 a 2 euros por 20 unidades de mascarillas quirúrgicas gracias a que el gobierno de aquel país aprobó ya en el mes de abril una ley para la fabricación y distribución de los productos de primera necesidad contra la pandemia sin el sello de certificación europea (CE).
